La Corte Suprema de Justicia inició el juicio contra el ex representante a la Cámara de Antioquia, CÉSAR PÉREZ GARCÍA , por los delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
El alto tribunal aclaró que hizo uso de las convenciones y tratados internacionales para adelantar este proceso en el que se relaciona al congresista con la masacre de más de 50 personas, ocurrida en 1988.
La Corte Suprema explicó que no se trata de una imputación directa por lesa humanidad, sino delitos contemplados en Colombia que posteriormente fueron calificados de genocidio, como la muerte sistemática de integrantes del partido de la Unión Patriótica.
La Corte Suprema explicó que no se trata de una imputación directa por lesa humanidad, sino delitos contemplados en Colombia que posteriormente fueron calificados de genocidio, como la muerte sistemática de integrantes del partido de la Unión Patriótica.
La masacre de Segovia
La masacre de Segovia (Antioquia) ocurrió el 11 de noviembre de 1988 cuando varios paramilitares al mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, ingresaron en completo sigilo durante la noche a la Plaza Central del municipio; posteriormente se dirigieron a la Alcaldía para amenazar a la mandataria local, Rita Tobón, junto a su colaboradores y luego recorrieron toda la población matando a todas las personas que aparecían en una lista como "supuestos auxiliadores de la guerrilla".
En total fueron 43 víctimas mortales, y aunque en principio se creyó que la responsabilidad de la masacre fue de las Farc, tal como lo indicó el ex comandante de la XIV Brigada, general Raúl Rojas Cubillos, la versión perdió fuerza teniendo en cuenta la filiación política de la alcaldesa, quien ganó las elecciones por la Unión Patriótica; por su parte el entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, calificó en su momento la acción como “la más vergonzosa manifestación de violencia”.
La Corte Suprema de Justicia decidió indagar a fondo sobre el hecho y 22 años después entrevistó a los responsables de la matanza detenidos en cárceles de Estados Unidos para establecer que políticos habrían sido determinadores de la misma, de esta manera se esclareció la posible responsabilidad del excongresista CÉSAR PÉREZ GARCÍA en cuya finca ubicada en el municipio de Olaya (Antioquia), en 2008, fiscales de Justicia y Paz hallaron una fosa con los posibles restos de un joven que desaparecieron los paramilitares durante la macabra incursión.
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